La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha solicitado de nuevo por carta una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar la gestión de la AP-9 ante el último dictamen de la Comisión Europea relacionado con las prórrogas del contrato concesional de la autopista.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, es la «quinta reunión que solicita en el último año», ante la «falta de información» del Gobierno central sobre la respuesta que va dar ante el citado dictamen.

Además, también tiene como objetivo exponer el nuevo estudio de la Xunta, que concluye que el rescate es «la solución más ventajosa para el interés público», y cuantifica esta medida en 2.356 millones de euros. El coste de la indemnización calculado en este 2025 es mayor que en 2024 (2.331 millones), a pesar de que transcurrió un año más de la concesión.

Esto se debe a que el resultado de la concesión, el beneficio de la concesionaria, es «cada vez mayor», con lo que el coste aumenta, y la concesionaria además se apunta «un año más de beneficios». Por esta razón, la Administración autonómica concluye que el rescate «es mejor afrontarlo cuanto antes».

También, la conselleira ha recordado que esta opción «ya fue sugerida» por el Consejo de Obras Públicas y el Consejo de Estado en sus informes sobre el proyecto de RD 680/2021 en el que se introdujeron las bonificaciones para los usuarios, luego ampliadas en el 2024.

Allegue ha señalado que además del cálculo del coste de la indemnización, el Estado «debe realizar también un análisis coste-beneficio equivalente» al que elaboró para la circunvalación de la AP-7 en Alicante y que concluyó señalando los beneficios socioeconómicos y medioambientales que motivaron posteriormente a la liberación definitiva del peaje.