Google ha anunciado que recurrirá la multa de 2.590 millones de euros impuesta por la Unión Europea, la segunda mayor de su historia en un caso de competencia, ante las supuestas prácticas abusivas en las que lleva incurriendo la multinacional, al menos, desde 2014 en el sector de la tecnología publicitaria (‘adtech’).
«La decisión de la Comisión Europea sobre nuestros servicios de tecnología publicitaria es errónea y la recurriremos. Impone una multa injustificada y exige cambios que perjudicarán a miles de empresas europeas, ya que les resultará más difícil obtener beneficios», ha señalado la vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, Lee-Anne Mulholland.
«No hay nada anticompetitivo en prestar servicios a compradores y vendedores de publicidad, y hay más alternativas a nuestros servicios que nunca», ha añadido en un comunicado remitido a Europa Press.
La investigación de Bruselas apunta a que Google ha favorecido durante más de una década a sus propios servicios en detrimento de otros proveedores de la competencia que también dan servicio a anunciantes y editores ‘online’.
La decisión, que se esperaba desde hace días, pero se especuló con que sería aplazada por las tensiones comerciales entre Bruselas y Washington, implica que Google debe poner fin de inmediato a dichas prácticas contra la competencia y, al mismo tiempo, tomar medidas para evitar conflictos de intereses a lo largo de la cadena de suministro.
Tras el anuncio de la sanción, Google tiene ahora 60 días para informar al Ejecutivo europeo sobre cómo piensa proceder al respecto y, entonces, los servicios comunitarios evaluarán si las medidas de corrección son suficientes.
Aunque Bruselas esperará a conocer las soluciones que la tecnológica ponga sobre la mesa, ya apuntaa a que cree que solo la desinversión de Google de parte de sus servicios «abordaría» los problemas señalados.
Por su parte, desde la multinacional consideran que las conclusiones de la investigación se fundamentan en interpretaciones erróneas y que la multa es un ejemplo de una aplicación desproporcionada del ordenamiento jurídico europeo contra las empresas estadounidenses.
