Airbnb ha anunciado que presentará recurso de reposición ante la multa de 64 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le impuso en diciembre de 2025 por infracciones en la publicación de anuncios turísticos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya denegado la solicitud de medidas cautelares que realizó la compañía para paralizar la sanción.
En un comunicado, la plataforma ‘online’ considera que esta multa es «contraria al marco legal español y europeo», señalando que la decisión judicial es «puramente procedimental» y no entra sobre el fondo del caso, que «sigue su curso».
Además, a juicio de Airbnb, ha cumplido «en todo momento» con la normativa aplicable en España, al mismo tiempo que ha defendido que, desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración, ha colaborado con las autoridades competentes en su implementación.
En concreto, Consumo identificó «prácticas comerciales desleales» con consumidores y usuarios al publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, en un total de 65.122, que fueran retirados de su plataforma en julio de 2025.
También advirtió que Airbnb estaba publicando anuncios de alojamientos turísticos que indicaban un número de licencia o registro que no se correspondía con la numeración utilizada por los registros, o que difundía anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa
Por estos motivos, Consumo impuso a la plataforma una sanción por infracción grave, con un importe de 63,98 millones de euros, montante recurrido a la justicia por parte de Airbnb, lo que suspendió temporalmente la obligación de hacer frente al pago de la multa.
Ahora, el auto del TSJM rechaza la solicitud de medidas cautelares por la que la plataforma de alojamientos turísticos pedía la suspensión del pago de la multa hasta que dictara sentencia.
«NINGUNA EMPRESA ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY NI DE LOS CONSUMIDORES»
Precisamente, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha reaccionado este lunes a la decisión del tribunal en el programa ‘La hora de La 1’, destacando que «ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores».
Asimismo, ha asegurado que esta decisión judicial refrenda el principio de que «ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley ni de los derechos de los consumidores».
A su juicio, la contundencia de la sanción impuesta a Airbnb supone un cambio de paradigma frente a la «inacción» que, a su juicio, mantenía la derecha en administraciones como la de Madrid bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida, a quien ha acusado de «jactarse de no hacer nada» ante los 15.000 pisos turísticos ilegales de la capital.